Según el auto: “el interés de los ganaderos por resguardar sus animales y, con ello, su modo de vida, no es un interés menor que deba sacrificarse en aras de una protección ilimitada e incondicional del lobo”

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado la solicitud de medidas cautelares presentada por la asociación ecologista Ascel para suspender la extracción de lobos en la región. La decisión, basada en una nueva interpretación normativa, señala que el lobo ya no está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

El TSJC aduce que ya no se presenta la protección de la especie como valor preponderante, sino en posición de equivalencia con la protección de la ganadería, “que es un relevante sector económico-social”.

Según dice el auto, “el interés de los ganaderos por resguardar sus animales y, con ello, su modo de vida, no es un interés menor que deba sacrificarse en aras de una protección ilimitada e incondicional del lobo (más ahora cuando en Cantabria no es objeto este de una especial y rigurosa protección)”.

En el auto del TSJC se reconoce que los informes remitidos por el Gobierno de Cantabria para justificar la necesidad de hacer controles son “exhaustivos y precisos”, y “denotan la justificación y proporcionalidad de la resolución impugnada”. Además, subraya que estos datos (los de ASCEL) “no son refutados por prueba alguna aportada por la demandante”.

Como resultado de esta decisión, la resolución del 2 de abril de 2025, que establece el cupo de extracción de lobos para la temporada 2025-2026, se mantiene vigente. Además, la asociación Ascel deberá asumir las costas judiciales, con un límite máximo de 300 euros.

En 2024, Cantabria registró 2.681 ataques de lobos, con un saldo de 3.233 cabezas de ganado muertas y 207 heridas, datos que han reforzado la postura del Ejecutivo en favor de la gestión de la especie.

Esta decisión judicial representa un respaldo al sector ganadero, reafirmando su derecho a proteger su actividad dentro de los marcos legales vigentes.