El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado la suspensión cautelar del Plan de Gestión del Lobo aprobado por el Gobierno regional, al considerar que no existe riesgo de daño irreparable que justifique paralizar su aplicación mientras se resuelve el recurso presentado por PACMA. Según el auto, el plan no autoriza extracciones directas, sino que establece un marco general de gestión, por lo que no concurre el periculum in mora requerido para adoptar medidas cautelares.

El tribunal también señala que suspender el plan de forma global sería desproporcionado, ya que afectaría a medidas no cuestionadas por la parte recurrente y dejaría sin efecto actuaciones diseñadas para compatibilizar la presencia del lobo con la actividad ganadera. El debate de fondo —el estado real de la población de lobo y la adecuación del plan a la normativa europea— queda pendiente para la sentencia definitiva.

Con esta decisión, el Plan de Gestión del Lobo permanece en vigor en Cantabria.

POR OTRO LADO…

14 comunidades autónomas anuncian acciones judiciales por el incumplimiento del Gobierno en materia de conservación del lobo

Paralelamente, catorce comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, han anunciado nuevas acciones judiciales contra el Ministerio para la Transición Ecológica por no remitir a la Comisión Europea el informe obligatorio sobre el estado de conservación del lobo ibérico, tal y como exige la Directiva Hábitats de 1992. El plazo para enviar este informe finalizó el 31 de julio de 2025, y su incumplimiento ya ha provocado la apertura de un procedimiento sancionador contra España.

Las autonomías denuncian que el Ministerio ha bloqueado en tres ocasiones la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, órgano imprescindible para aprobar el informe antes de su envío a Bruselas. Las solicitudes formales se realizaron los días 21 y 24 de julio de 2025, y nuevamente el 5 de mayo de 2026, sin respuesta por parte del Gobierno central.

Las comunidades firmantes son: Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Un escenario de creciente tensión…

La combinación de ambos hechos —la continuidad del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria y el conflicto abierto entre 14 comunidades y el Gobierno central— refleja un momento de máxima tensión en la política de conservación del lobo en España.

Mientras los tribunales avalan que Cantabria mantenga su marco de gestión, las comunidades autónomas reclaman al Estado que cumpla sus obligaciones europeas y aporte datos actualizados sobre el estado de conservación de la especie, un elemento clave para definir medidas equilibradas que protejan tanto la biodiversidad como la ganadería extensiva.