Noviembre 11, 2021
- Las Organizaciones Agrarias piden la suspensión cautelar de la Orden y argumentan que es contraria a Derecho y perjudica gravemente a los ganaderos.
- Las OPAs recuerdan que un recurso similar ha sido presentado por las Comunidades Autónomas afectadas y ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional.
- En Cantabria, la Consejería de Agricultura contabilizó una media de dos ataques diarios de lobo en 2020.
UGAM-COAG.
Os informamos que COAG, junto con el resto de Organizaciones Agrarias a nivel nacional, han presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la Orden del ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de 20 septiembre de 2021, que prohíbe cazar al lobo. Los servicios jurídicos de las OPAs piden igualmente la suspensión de la Orden mientras se tramita este recurso.
Con este recurso, las Organizaciones Agrarias tratan de evitar que se agrave aún más la situación de los ganaderos que, como el propio ministerio de Transición Ecológica reconoce en su última Memoria, aún estando en vigor el anterior régimen de protección, “desde el punto de vista de protección de la ganadería extensiva, los daños no solo disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas”.
Con anterioridad a la inclusión del lobo en el LESPRE, los ganaderos al norte del rio Duero perdían una media de 9.812 animales al año, la incorporación del lobo en este régimen de protección especial, lógicamente supondrá un incremento exponencial de estas pérdidas por no hablar de otros daños en el ámbito rural, argumentan las OPAs.
En el recurso presentado se detallan pormenorizadamente los daños económicos y sociales, por comunidades autónomas, que los ganaderos han sufrido en los últimos años y las indemnizaciones, siempre parciales e insuficientes, para resarcir las pérdidas reales, que las administraciones regionales han tenido que poner en marcha.
En Cantabria, la Consejería de Agricultura contabilizó una media de dos ataques diarios de lobo en 2020. En el Principado de Asturias, en el periodo 2017-2020, el número de animales dañados asciende a 12.966, con un importe de resarcimientos de 835.000 euros en 2019 y otro tanto en 2020. En Castilla y León, de enero a septiembre de 2020 se han declarado 1835 ataques de lobo con un resultado de 2.660 reses muertas.
El Tribunal Supremo confirma la legalidad del Plan de Caza del Lobo al norte del Duero durante 2016-2019
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia que obligaba a Castilla y León a pagar 842.721 euros para «reparar el daño causado por cazar lobos» y declara legal el ‘Plan de aprovechamientos comarcales del lobo al norte del río Duero’, realizado por la Junta, para las temporadas 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico había acusado a la Junta de Castilla y León de cometer ilegalidades en el Plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos al norte del río Duero en Castilla y León.
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